Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, una fecha destinada a sensibilizar a la sociedad sobre una de las más graves vulneraciones de los derechos humanos: la trata de personas con fines de explotación sexual. Esta conmemoración busca visibilizar una realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo y promover acciones de prevención, protección y reparación para las víctimas.

La fecha fue instaurada en 1999 por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres celebrada en Dhaka, Bangladesh, conmemorando la promulgación de la Ley N.º 9.143, conocida como la “Ley Palacios”, aprobada en Argentina el 23 de septiembre de 1913. Esta norma fue pionera a nivel mundial en la lucha contra la explotación sexual infantil y marcó un precedente histórico en la protección de los derechos de mujeres, niñas y niños.

Una violación de los derechos humanos con rostro de mujer

La trata de personas constituye una forma moderna de esclavitud. Implica el reclutamiento, transporte, traslado o acogida de personas mediante engaño, coerción o abuso de poder con fines de explotación. Entre sus distintas modalidades, la explotación sexual continúa siendo una de las más extendidas y lucrativas. La gran mayoría de las víctimas son mujeres y niñas, lo que ha llevado a organismos internacionales a reconocer la trata con fines de explotación sexual como una forma de violencia de género. Además de vulnerar derechos fundamentales como la libertad, la seguridad y la dignidad humana, deja profundas secuelas físicas, psicológicas, económicas y sociales en quienes la padecen.

Cifras que alertan

Los datos internacionales reflejan la magnitud del problema. Según información recogida por Naciones Unidas, cerca del 40 % de las víctimas de trata identificadas en el mundo lo fueron con fines de explotación sexual, y el 91 % de ellas eran mujeres y niñas, siendo una de cada tres víctimas menor de edad a nivel mundial.

La infancia constituye uno de los grupos más vulnerables. Las niñas y niños tienen una probabilidad significativamente mayor de sufrir violencia durante los procesos de trata, especialmente cuando se encuentran en contextos de pobreza, conflicto, desplazamiento forzado o migración.

En nuestro país, la realidad sigue siendo preocupante. Según datos de APRAMP, socia de Hub Feminista, durante el primer semestre de 2026 se identificaron cerca de 4.000 personas en riesgo de explotación sexual y trata. A través de sus distintos programas y dispositivos de atención, la entidad les ofreció información, orientación y acompañamiento, reafirmando la importancia de la detección temprana y la atención integral a las víctimas

Nuevos desafíos en la era digital

El aumento del uso de internet y las redes sociales facilitó que muchas redes criminales trasladaran parte de sus actividades al entorno digital, utilizando plataformas virtuales para la captación, manipulación y control de víctimas. Actualmente, las redes sociales y otros espacios digitales se han convertido en herramientas utilizadas por los tratantes para identificar personas en situación de vulnerabilidad, especialmente adolescentes y jóvenes. La aparente anonimidad de estos entornos dificulta la detección temprana y aumenta los riesgos de explotación.

Migración, guerra y vulnerabilidad

Las crisis humanitarias generadas por conflictos armados, guerras o por desastres naturales también incrementan el riesgo de trata de personas.  Las personas refugiadas, migrantes y desplazadas suelen enfrentar barreras lingüísticas, falta de recursos económicos, ausencia de redes de apoyo y dificultades para acceder a servicios básicos. Estas circunstancias son aprovechadas por organizaciones criminales que buscan captar víctimas mediante falsas promesas de empleo, protección o asistencia.

La importancia de la prevención y la acción colectiva

Combatir la explotación sexual y la trata de personas requiere un compromiso conjunto de gobiernos, organizaciones sociales y feministas, instituciones educativas, empresas y ciudadanía. No basta con perseguir a las redes criminales; es necesario actuar sobre las causas estructurales que favorecen estas situaciones, como la desigualdad, la pobreza, la discriminación, la falta de oportunidades y una cultura sexista que sigue reproduciendo relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres.

Es fundamental cuestionar y erradicar la cultura machista que normaliza y legitima el consumo del cuerpo de las mujeres y las niñas como si fuera una mercancía disponible para satisfacer la demanda masculina. La explotación sexual no puede entenderse únicamente como un delito aislado, sino como una manifestación de la violencia de género sostenida por estereotipos, prácticas y estructuras que cosifican a las mujeres y perpetúan su subordinación.

La prevención pasa por la educación en igualdad, la sensibilización social y la promoción de modelos de convivencia basados en el respeto, la autonomía y la dignidad de todas las personas. Asimismo, es necesario fortalecer los mecanismos de protección para los grupos más vulnerables y promover una reflexión crítica sobre las normas culturales que contribuyen a la tolerancia o invisibilización de estas formas de violencia.

También es fundamental desarrollar un marco legal más fuerte a través de la Ley Integral contra la Trata y la Explotación para garantizar una atención integral a las víctimas, facilitando su acceso a la justicia, el acompañamiento psicológico especializado, la formación y oportunidades reales para reconstruir sus proyectos de vida. Solo mediante un enfoque que combine prevención, protección, derechos humanos e igualdad será posible avanzar hacia la erradicación de la explotación sexual y la trata de personas.

Os invitamos a conocer la campaña #S23 #MásDerechosMenosTrata  del Observatorio de Violencia pinchando aquí.