Este documento responde a la preocupación de las organizaciones de mujeres ante la falta de concreción con la que el Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, regula cuestiones que afectan a la interlocución de las organizaciones sociales con la Administración General del Estado y su sector público institucional. Su objetivo es ordenar de forma sintética el contexto normativo, el alcance de las obligaciones que introduce la norma y las principales cuestiones prácticas detectadas en el marco de Hub Feminista.