Consulta jurídica sobre formación de posgrado de la UNED en gestación por sustitución

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A partir de las cuestiones planteadas, conviene separar dos asuntos distintos. Por un lado, está el régimen jurídico de la gestación por sustitución en España y, por otro, la posibilidad de que una universidad pública ofrezca un programa de posgrado dedicado a esta materia. A esto se añade una cuestión diferente: la eventual publicación de materiales docentes utilizados en ediciones anteriores del programa.
El punto de partida es claro: en España, el contrato de gestación por sustitución no es válido.
Por ello, no sería correcto afirmar, sin conocer su contenido, que la mera existencia de un posgrado sobre gestación por sustitución sea ilícita.
Una universidad puede estudiar académicamente una práctica prohibida, controvertida o jurídicamente cuestionada. La investigación y la docencia universitarias abarcan precisamente el análisis de fenómenos jurídicos, sociales, médicos, económicos o políticos, incluso cuando esos fenómenos están prohibidos por el ordenamiento. Las universidades públicas y privadas están sometidas al imperio de la Ley, no obstante, se puede plantear cualquier tema contrario a ella siempre que haya debate explicito sobre la cuestión de forma que puedan expresarse y exponerse todos los planteamientos favorables, contrarios y dudosos.
Por eso, la cuestión no debería plantearse simplemente en términos de si una universidad puede estudiar la gestación por sustitución. En principio, sí puede hacerlo.
La cuestión jurídicamente más relevante sería otra: si el contenido, los objetivos o la metodología del programa hacen que este deje de ser una formación académica para convertirse, en la práctica, en una herramienta destinada a promover, facilitar, profesionalizar o legitimar una actividad que el ordenamiento español considera nula y cuya promoción comercial está expresamente prohibida.
La libertad de cátedra no puede entenderse como una autorización para desarrollar cualquier actividad docente al margen de la ley.
De ahí que sea útil distinguir entre tres situaciones diferentes:
1. Estudio académico de la gestación por sustitución. Esto incluiría el análisis de su regulación jurídica, sus aspectos médicos, sociales, económicos, éticos o su tratamiento en otros países. En principio, estaría claramente dentro de la libertad académica.
2. Formación especializada sobre el fenómeno. Una universidad podría formar a sus estudiantes para conocer la realidad de la gestación por sustitución y estudiar las distintas posiciones existentes, tanto favorables como contrarias, siempre que exista un verdadero propósito docente o investigador.
3. Formación dirigida a facilitar o profesionalizar la práctica. La situación sería diferente si el programa proporcionara herramientas prácticas para la intermediación, la captación de clientes, la organización de procesos de gestación por sustitución o cualquier otra actividad encaminada a facilitar una práctica jurídicamente prohibida en España. En ese supuesto habría argumentos más relevantes para cuestionar el programa, especialmente a la vista de los artículos 32 y 33 de la Ley Orgánica 1/2023.
Por eso, el título del posgrado, por sí solo, no permite sacar una conclusión definitiva. Para valorar jurídicamente el programa habría que revisar el plan de estudios, los objetivos, las competencias que se pretenden adquirir, los contenidos, la bibliografía, el profesorado, las actividades prácticas y los resultados de aprendizaje.
La opción más razonable como primer paso sería dirigirse a la UNED mediante una solicitud documentada y pedir información.